Las amenazas y aprietes son moneda corriente y vuelven a la orden del día, más en un año electoral donde el Intendente del distrito, Jesús Cariglino, busca la renovación de mandato y perpetuar su hegemonía que ya lleva 20 años localmente. El sistema de salud en Malvinas Argentina, a pesar de la cantidad de hospitales e infraestructura, es uno de los peores en todo el país y eso lo demuestran la cantidad de denuncias por mala praxis registrada en las dos últimas décadas.
Particularmente en años recientes, el número de víctimas por mala praxis -incluyendo varios casos fatales- es astronómico.
Y dio que hablar en más de una oportunidad como sucedió, por tomar un caso recordado, con Celeste Morales en junio del 2012. La nena de ochos años había ingresado al hospital Claudio Zin para someterse a una cirugía menor y perdió la vida a las pocas horas por una falla médica y también falta de cuidados postoperatorios.
Pero en Malvinas Argentinas, ciertamente, hay una cuestión adicional. Como nadie tiene que saber la verdad, la Municipalidad arremete contras las familias en un doble castigo: no conformes con los descalabros de los hospitales locales, la maquinaria de Cariglino presiona a los parientes, amigos o propias víctimas para que no visibilicen el tema.
Pasó con el caso Morales cuando sus seres queridos y familiares de otras víctimas realizaron una protesta en la entrada del Claudio Zin y recibieron una dura paliza en manos de su patota, conformada por personas que -según todos los testigos- son habitúes en sus actos e integran su estructura. También fueron agredidos los periodistas que cubrían la marcha y todo, por otra parte, a la vista de la Policía Local que no intervino.
Ahora sucedió lo mismo cuando, hace unos días, otra familia víctima del sistema sanitario malvinense fue amenazada por allegadas a la figura del jefe comunal. Concretamente, dos personas fueron hasta su domicilio y les dijeron "Cortala con el tema de la mala praxis en contra de Cariglino, si no te vamos a matar", según reveló el abogado Jorge Cancio, que participa en casi todos los casos.
"Lo grave no es la amenaza en sí, sino que la familia nunca se había expuesto ni en marcha, ni de ninguna otra forma pública. Por lo cual sus datos fueron tomados por los abogados del municipio y entregados a la patota, otra forma no hay", acusó el letrado y recordó que "el caso de Mónica es uno de los más de 50 casos denunciados contra el sistema de salud de Malvinas Argentinas".
Y precisó: "A ella en un embarazo de riesgo le dejaron morir al bebé, por no hacer una cesárea, mandándola continuamente a su casa, para que dé a luz por parto natural. Concretamente los médicos ignoraron, todas las alertas y padecimientos de Mónica, lo que llevó a la muerte intrauterina del bebé, todo por no hacer los debidos controles y cesárea".
Frente a esta situación, Cancio presentó un pedido formal a la Fiscalía de San Martín para exigir que las autoridades judiciales velen por el resguardo de su familia. "Lamentablemente la violencia política en Malvinas Argentinas no cesa y siempre atacan a los más débiles", concluyó el abogado.
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